Dr. Sergio Cousiño M.
Federación Colegios Profesionales Universitarios de Chile
“El baile de los que sobran” es el tercer sencillo promocional del álbum “Pateando piedras” del grupo chileno Los Prisioneros, considerado por muchos como la canción más importante en la trayectoria de la banda y uno de los más grandes clásicos de la música popular chilena. Al escuchar hoy su letra, parece más bien una profecía autocumplida anunciada por este grupo en las veladas del Café del Cerro de Bellavista, en la década de los 80. No sólo por la educación segregada entregada a los educandos en su época escolar, sino que también para quienes cumplen con el sueño de alcanzar la educación superior universitaria, que terminan viviendo la misma realidad.
En cifras, solo 23 mil de los 85 mil de los alumnos de colegios municipales que rindieron la PSU (28%) quedaron seleccionados en la universidad. Un porcentaje que dista del que registraron los colegios particulares pagados, donde 18 mil alumnos de los 27 mil que la rindieron fueron seleccionados (67%).
Una investigación realizada por la Unesco y que comparó las legislaciones de educación vigentes de Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile llegó a la conclusión de que el sistema educativo chileno fomenta la desigualdad. Esto, porque «el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos», se afirma en dicho estudio.
El modelo Neoliberal impuesto por la dictadura militar en la década de los 80 ha recreado la segregación social también en las universidades. Unas de buena calidad para ricos o para quienes tenían las capacidades para entrar a la universidad y otras de mala calidad para pobres o para quienes no tenían las capacidades para ser estudiantes universitarios. Sólo a modo de ejemplo, la beca Juan Gomez Milla se otorga a alumnos “destacados”, se consideran como tales a quienes tengan un promedio igual o superior a 5 en la enseñanza media y 500 puntos en la PSU (?) estos recursos públicos van en un 95% a instituciones privadas ¿Cómo llegamos a esto?
LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EN CHILE
La institución universitaria ha formado parte de la República de Chile desde prácticamente sus inicios, en una primera instancia (1842) con la creación de la Universidad de Chile. Asimismo, el Estado diversificó su rol en la educación haciéndose cargo en un principio de las escuelas primarias, de las instituciones de carácter técnico como la Escuela de Artes y Oficio, creada en 1849 para el desarrollo del país en el ámbito industrial, y el polo “liceo-universidad” liderado por la Casa de Bello. Más tarde y como una forma de preparar profesionales y técnicos orientados principalmente al sistema productivo, dada la creciente demanda por industrialización entre los años 1930 y 1960, por Decreto de Gobierno se funda la Universidad Técnica del Estado en 1947 y se crea también un Departamento de Investigaciones y de Orientación Educacional y Profesional, como vínculo permanente entre la universidad y la industria.
Sin embargo, las universidades no sólo surgieron del Estado a través de la acción de los gobiernos de la época, sino que emergieron de sectores de la sociedad como la iglesia o las comunidades regionales que no encontraron en el Estado una respuesta a sus demandas particulares, o una fuente única para formar a los futuros profesionales y líderes de nuestro país. De esta forma, el sistema creció y se desarrolló a partir de una matriz público-privada o mixta muy fuerte, con bajos niveles de coordinación y complementación.
El Consejo de Rectores nace por ley en 1954, la que establece que el 0,5% de los impuestos fiscales y de los derechos de aduana y exportación serían destinados a la investigación universitaria.
Hacia fines de la década de 1950, las universidades chilenas eran financiadas en su mayor parte por el Estado y todas las instituciones ocupaban el espacio de lo público. Mientras las entidades estatales eran financiadas casi en un 100% con recursos fiscales, las particulares recibían recursos que fluctuaban entre un 60% y 80% de su presupuesto.
Más tarde, con la reforma iniciada hacia fines de los años 60 y principios de los 70 se generaron importantes cambios que fueron drásticamente erradicados por la dictadura militar. Esta situación correspondió al brusco paso del denominado “Estado de Compromiso” (alianza y acuerdos de distintos sectores sociales cuyo objetivo inmediato era el mejoramiento de las condiciones de vida, principalmente a través del desarrollo industrial y mejoras en educación, salud y vivienda), característico de los años 60, al “Estado Subsidiario” de los años 80, que dio origen a un sistema en donde el sector privado ha sido relevado y la educación transitó desde un concepto de bien público a bien de consumo. Así, las universidades estatales evolucionaron desde un espacio en lo público a sobrevivir y competir incluso entre ellas, comportándose también como entes privados. Desde ese lugar, no debían existir diferencias con las universidades privadas, aun cuando la naturaleza jurídica de las estatales restringiera su accionar en el nuevo “mercado de la educación”. Esta evidencia constituye una primera diferencia histórica.
A través de la promulgación de la Ley General de Universidades de 1981, se autorizó la creación de universidades privadas, de institutos profesionales y centros de formación técnica. Esta reforma también afectó a las grandes universidades estatales, de cuyas sedes regionales nacieron 14 universidades y dos institutos profesionales. Luego de la reforma, las instituciones de educación superior estatales debían orientarse al desarrollo de la región en la cual se encontraban inmersas y para ello, se les dotó de la posibilidad de dictar sus propios estatutos, los cuales deben hasta hoy ser aprobados por el gobierno. Ello explica, en parte, los menores aportes que reciben algunas universidades estatales regionales respecto a sus pares no estatales, que al no ser universidades nacionales en el origen, sino regionales, no vieron subdivididos sus aportes históricos. Una segunda diferencia que lleva casi 35 años de historia.
El financiamiento fue reformulado y los aportes que recibían las universidades estatales y no estatales estarían conformados a partir de 1981 por tres instrumentos, principalmente: el Aporte Fiscal Directo, el Aporte Fiscal Indirecto y los aranceles universitarios. Adicionalmente, se instauraron fondos concursables para investigación.
El Aporte Fiscal Directo (AFD), creado por el DFL N°4 de 1981, estaría destinado a financiar la investigación científica y tecnológica, así como la extensión universitaria. Su monto sería decreciente hasta llegar, en 1986, a un 50% del valor asignado en 1980 y su distribución se realizaría de acuerdo a un porcentaje determinado por Decreto Supremo. Con un criterio modificado a partir de 1989, este aporte está conformado hasta hoy por dos componentes: una base del 95% que se distribuye según criterios históricos y otra parte variable, del 5%, que pretende medir el progreso académico de la institución.
El AFD históricamente ha beneficiado a la mayoría de las universidades no estatales del Consejo de Rectores. Incluso si estos recursos se dividen por la cantidad de alumnos de cada institución, se observa que 11 Universidades Estatales (de 16) y sólo cuatro universidades no estatales (de nueve) se encuentran bajo el promedio de la relación AFD/alumno.
El Aporte Fiscal Indirecto (AFI), creado por el mismo DFL Nº 4 de 1981, es en teoría un incentivo para que las instituciones de educación superior aumenten su calidad a través de su estudiantado. Este aporte se distribuiría en principio entre las 25 instituciones del Consejo de Rectores, según la preferencia de los 20 mil mejores postulantes que ingresaran a ellas. A partir de las leyes Nº 18.681 (1987) y N° 18.768 (1988) el AFI se distribuye entre las instituciones (independientemente de su naturaleza jurídica y nivel) que matricularan a los alumnos con los 27.500 mejores puntajes de la PAA (hoy PSU) en el primer año de estudios, considerando el año inmediatamente anterior.
El financiamiento por la vía de aranceles (becas, créditos y/o pago directo) ha crecido en los últimos años, significando en la mayoría de los casos más del 70% de los presupuestos universitarios.
Finalmente, si se considera la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) como referente de las políticas públicas en educación superior desde los años 90 (la Ley General de Educación de 2009 no innovó en esta materia), la referencia escueta al objetivo, rol, fin o misión de la educación superior en Chile, evidencia la falta de definiciones en la relación que tendría el Estado con el sistema en general. Respecto a las universidades estatales, la referencia a ellas es en el marco de su autonomía académica, económica y administrativa. También establece que las normas por las cuáles se regirán, corresponderán a sus propios estatutos o, supletoriamente, al Estatuto Administrativo y Código Civil. Pero no existe ninguna referencia al rol que les compete en la sociedad chilena, específicamente a sus deberes o derechos. Cabe mencionar, además, que las universidades estatales, tienen que cumplir con un número más exigente de leyes que afectan su desarrollo académico integral, de las cuales no están afectas las universidades no estatales. A modo de ejemplo, las universidades estatales transforman pesos privados en públicos y las universidades no estatales transforman pesos públicos en privados.
EL “BOTIN” QUE LOS PRIVADOS NO QUIEREN PERDER
El meollo de la reforma a la educación superior es el reparto del inmenso caudal de fondos públicos, un billón y medio de pesos anuales que hasta ahora se han entregado, a pesar de la falta de regulación y los escándalos por lucro, a instituciones privadas y públicas. Aparte del CAE, transformado hoy en un recurso público, están las becas: dos de ellas reparten $161 mil millones de los cuales el 95% va a parar a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica privados. Eso explica por qué los privados bregan porque el sistema se mantenga incólume.
Solo en 2015 el Fisco aportó por distintas vías más de un billón y medio de pesos ($1.543.751.523.000) a las instituciones de educación superior chilenas: universidades privadas y estatales, además de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). El millonario aporte estatal se materializó por dos vías de financiamiento: becas y créditos a los estudiantes (voucher) y financiamiento directo a las instituciones (aporte basal). Esa cifra ha sido desmenuzada por la Contraloría, la que desde 2011 elabora sendos informes anuales que dan cuenta del dinero que aporta el Estado a las instituciones de educación superior. las que permiten entender cómo el dinero fiscal a las universidades, IP y CFT es un pilar fundamental del sistema. Cifras que las instituciones privadas no estarán dispuestas a abandonar y que hoy constituye la clave para entender el debate que ha generado el proyecto de reforma a la educación superior.
Aunque resulte extraño, en el debate sobre el financiamiento de la educación superior el monto real de los dineros fiscales que llegan a las instituciones privadas no se subraya a pesar de su magnitud. Solo en 2014 ocho universidades privadas (Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás, Autónoma, de Las Américas, Mayor, Diego Portales y Tecnológica de Chile Inacap), tres institutos profesionales (DUOC UC, AIEP e Inacap) y dos centros de formación técnica (Inacap y Santo Tomás), recibieron cada una de ellas más recursos fiscales que ocho de las 16 universidades estatales: UTEM, de La Serena, Arturo Prat, de Antofagasta, UMCE, de Los Lagos, de Magallanes y de Atacama.
En el informe de la Contraloría correspondiente a 2015, se detallan los aportes fiscales a cada uno de los tipos de instituciones durante ese año. Considerando todos los planteles: estatales, públicos y privados, el quinto lugar de los que percibieron más aportes estatales es ocupado por la Universidad Andrés Bello, la que ese año recibió más de $58 mil millones, el 3,8% del total de dineros garantizados por el Estado al sistema, casi lo mismo que ese año recibió la Universidad de Santiago, Usach. Y aunque la UNAB es la privada que recibió más recursos, no es un caso aislado.
En 2014 las universidades privadas no tradicionales (creadas después de la reforma de 1981) percibieron el 23,6% de los dineros aportados por el Fisco a la educación superior. Los institutos profesionales, también privados, se hicieron con otro 11,9% de los recursos, mientras los CFT se quedaron con otro 5,4%: ambos por ley están autorizados a retirar utilidades. En total, 39,9% del dinero entregado por el Estado fue a parar a instituciones privadas, las que hasta ahora no tienen una regulación ni financiera ni de calidad que satisfaga los parámetros mínimos de garantía para las familias chilenas. En 2015 la situación no fue distinta: el 24,7% del dinero del Estado destinado a educación superior fue para las universidades privadas que no integran el Consejo de Rectores (Cruch), 10,8% para los IP y 4,3% para los CFT. En total, 39,8% de los recursos públicos beneficiaron a planteles privados.
Incluso, si se desagregan los datos y se considera solo el dinero fiscal entregado vía voucher (becas y créditos a estudiantes), el sistema privado supera en recursos recibidos a las instituciones tradicionales del Cruch: 55,64% del total, frente al 23,69% de las universidades estatales y al 20,54%de las universidades privadas tradicionales.
En todo Latinoamérica y en la inmensa mayoría de los países del mundo, el Estado financia sólo a las universidades que le son propias, es decir las universidades públicas y los estudiantes en ellas se educan con gratuidad. Contrariamente a lo que ocurre en Chile, donde el 76% de estos recursos se utilizan para financiar instituciones privadas, que representan el 75% de la matrícula universitaria total existente y que forman profesionales en su mayoría de mala calidad, que el país no necesita o que al momento de egresar no tendrán campo laboral para ejercer su profesión.
No es casual que durante el año 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señalara que la cesantía entre los profesionales aumentó en un 31,7%, lo anterior, sin considerar a los subempleados, que llegaron a un total de 626.000 (profesionales trabajando en empleos distintos a la carrera estudiada). De quienes entran a la universidad, se titula sólo el 55%, el 45% restante se endeuda y no consigue un título. En total, si consideramos a todos quienes ingresan a la universidad, los que se titulan y finalmente logran trabajar en la profesión estudiada, no superan el 17%. Esto constituye un engaño a los jóvenes y a las familias chilenas y lo peor, este engaño se realiza con el aval del Estado.
EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO (CAE)
Quien fuera el impulsor de la idea, el ex ministro Sergio Bitar (PPD) ha defendido su creación arrimándose al argumento que el CAE permitió democratizar y masificar el acceso a la universidad. Sin embargo, la explosiva alza de matrículas solo beneficio a la educación privada, permitiendo que instituciones sin regulación se expandieran sin control. Fueron las manifestaciones estudiantiles de 2011 las primeras en sacar al pizarrón a estas instituciones y a la legislación que las hizo crecer, al mostrar el negocio y el lucro que realizaban a pesar de que a las universidades la ley les prohíbe el retiro de utilidades.
El CAE se ha transformado en el principal vehículo utilizado por el Fisco para aportar suculentas transferencias de dinero a las universidades privadas. Los 28 planteles privados que recibieron dineros vía CAE en 2015 sumaron $273 mil millones, el 65,6% del total de fondos repartidos por este crédito a la educación superior, recursos que además han permitido su exponencial aumento de matrículas.
Basta mirar las cifras de cuatro de las universidades privadas más grandes, las que además formaron parte de la investigación de la Fiscalía por lucro: la Universidad Autónoma en 2006, cuando entró en vigencia el CAE, registraba 8.580 estudiantes, mientras que hoy su matrícula llega a 20 mil alumnos. La UNAB subió en el mismo periodo de 22 mil a más de 47 mil matriculados. La Universidad San Sebastián creció de 10 mil a 27 mil estudiantes. Mientras que la Santo Tomás subió de 14 mil a 29 mil.
Solo en 2015, y según datos de la Contraloría, la Universidad Andrés Bello recibió $40 mil millones por esa vía, mientras las universidades Santo Tomás y San Sebastián recibieron $33 mil y $32 mil millones, respectivamente. El cuarto plantel en recibir más recursos por CAE entre las privadas fue la Universidad Autónoma, con $26,7 mil millones, y más atrás la Universidad Mayor con $20 mil millones.
El CAE se ha convertido así en el principal sostén de dineros públicos de las universidades privadas, una opción que al Fisco le ha salido carísima. Desde que el crédito comenzó a implementarse en 2006, el Estado ha desembolsado cientos de miles de millones de pesos para recomprar carteras de deudas a los bancos, que son quienes entregan el dinero a los estudiantes para que puedan estudiar. En las proyecciones iniciales en 2006 se contemplaron cerca de $10 mil millones anuales para cumplir con la “recarga” prometida a los bancos durante la tramitación de la ley, pero esa recarga terminó costándole al fisco $610 mil millones en 2016. El 35% del presupuesto total destinado a la educación superior.
Según un estudio de la Fundación Sol, desde que se implementó el CAE el Estado ha destinado $2,7 billones a comprar activos financieros (CAE) a los bancos. La mayor parte de los créditos que el Fisco ha comprado a la banca corresponden a deudas adquiridas por estudiantes de universidades privadas fuera del Cruch: Autónoma, De Las Américas, San Sebastián y Mayor ocupan los primeros cuatro lugares con más del 59% de sus CAE recomprados por el Estado.
El Crédito con Aval del Estado fue incluido por la Contraloría como un aporte fiscal “por considerar que constituye una contingencia que debe ser revelada pues en la medida que el alumno abandone los estudios o una vez egresado no cumpla con su pago, se constituye en una obligación cierta para el Estado”, señala el informe 2015. En la actualidad, sólo el 8% de estos recursos ha sido recuperado por el Estado.
El mismo informe da cuenta de que mientras el presupuesto público destinado al CAE va al alza (crecimiento de 75,8% entre 2011 y 2015), el dinero que se destina al Fondo Solidario (que se asigna exclusivamente a estudiantes de universidades del Cruch) descendió en el mismo periodo un 35,3% (de $110 mil a $71 mil millones).
LOS MILES DE MILLONES DE LAS BECAS
No solo los dineros del CAE son preciados por las instituciones privadas (universidades, IP y CFT). En 2015 el Estado les aportó otros jugosos recursos a través de becas. En total el Estado destinó en este ítem $230,9 mil millones: $92 mil millones a través de la Beca Nuevo Mileno; $69,4 mil millones por la Beca Juan Gómez Millas; $17,9 mil millones por excelencia académica; $4,5 mil millones por la Beca Vocación de Profesor; $3,8 mil millones por la reubicación de ex alumnos de la Universidad del Mar; $2,7 mil millones por Becas Valech; $2,5 mil millones por Beca para hijos de profesores; otros $3,6 mil millones por “articulación”; $920 millones por nivelación académica y otros $33,6 mil millones que la Contraloría agrupa como “otras becas”
Destacan entre estos aportes públicos que van a parar a las instituciones privadas, las becas Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio, las que entregan en conjunto $161 mil millones a las privadas, y solo $4,6 mil millones a las universidades del Cruch.
De los fondos repartidos por la Beca Juan Gómez Millas en 2015, el 72,3% fue a las universidades privadas, y si se le suma el 19,38% que recibieron los IP y el 6,54% que acumularon los CFT por este concepto, resulta que el 98,2% de los dineros de esta beca fue en 2015 al sistema privado. La repartición de la Beca Nuevo Milenio no es muy distinta. La mayor parte de los recursos lo concentra los IP con 60,7% del total asignado, y los CFT con 35,01%. Las universidades privadas solo registran el 0,2% de esos dineros ($199 millones). Así, un 95% de los fondos de esta beca fueron en 2015 también al sistema privado.
La Beca Juan Gómez Millas está destinada a egresados de la educación media que presenten un rendimiento académico “destacado” (500 puntos ponderados en la PSU) y que pertenezcan al 70% más vulnerable de la población. Cubre hasta $1,1 millón del arancel anual de la carrera. Su símil Nuevo Milenio está destinado a quienes se matriculen en una carrera técnica, impartida por cualquier institución, y que estén dentro del 70% más pobre del país y cuya nota promedio en la enseñanza media sea igual o superior a 5.
Si se suman todas las becas de arancel, las instituciones privadas acumulan el 40% del total asignado. El informe 2015 de Contraloría resalta que solo el IP AIEP (propiedad de Laureate, dueña además de la UNAB, la Universidad de Las Américas y de Viña del Mar) recibe más recursos que 15 de las 16 universidades estatales, algo parecido a lo que ocurre con el CFT Inacap, que percibió en 2015 más dinero de becas públicas que 14 de las universidades estatales.
MATRICULA Y TITULACIONES EN ODONTOLOGIA
Dentro de las carreras con exclusividad universitaria, odontología es la que más ha aumentado su matrícula. Entre el año 1990 y 2017 la matrícula universitaria total creció de 119.000 alumnos a 836.000, 7 veces. En el mismo período, la matrícula total de la carrera de odontología creció de 1.180 a 14.746 estudiantes, 12,5 veces, casi el doble que la matrícula general universitaria. (Fuente: Consejo Nacional de Educación).
Las titulaciones de nuevos profesionales han aumentado paralelamente al aumento de las matrículas; el año 1990 se titulaban en todo Chile una cifra cercana a 200 nuevos dentistas por año. El año 2008 se titularon 640 nuevos profesionales, mas de tres veces los que se titulaban en año 1990 y para el 2012 la titulación de nuevos dentistas llego a 1.101 por año, incrementándose así en un 72% las titulaciones en cuatro años. El año 2016 la cantidad de nuevos dentistas titulados alcanzó a 1.433 nuevos profesionales, incrementándose nuevamente las titulaciones en un 30,15% en cuatro años. Si comparamos las titulaciones entre el año 2008 y el año 2016 el incremento en los últimos 8 años ha alcanzado al 123,9%, es decir, se ha más que duplicado, lo que explica el exceso de profesionales odontólogos en Chile (Fuente: Consejo Nacional de Educación).
Las titulaciones de dentistas seguirán incrementándose. Si consideramos la tasa de retención de la carrera del 82% que da el Mineduc, en los próximos años la cantidad de nuevos profesionales alcanzará a los 1.966 por año. El año 1990 había en Chile aproximadamente 8.200 dentistas (incluyendo a los colegas extranjeros), el año 2017 la cantidad de dentistas en Chile alcanza aproximadamente a 24.652 dentistas lo que representa un aumento de 200,6% en el período. El año 2016 aparecían registrados en la Superintendencia de Salud 21.108 dentistas, si consideramos que no esté registrado el 10% del total (podría ser mas) tendríamos un total de 23.219 dentistas. A la cifra anterior debemos agregar los 1.433 nuevos dentistas titulados a fines del 2016, llegando a la cifra de 24.652 dentistas en Chile.
Según el informe de la Oficina de Referencia de la Población de EE.UU., nuestro país tiene una de las tasas de crecimiento poblacional más bajas de Sudamérica. En el Censo del año 1992 la población de Chile alcanzó a 13.348.401 habitantes, para el año 2017 la población estimada por el INE es de 18.313.495 habitantes, lo que representa un crecimiento poblacional durante los últimos 25 años de un 37,1%, muy distinto al 200,6% en que han aumentado los dentistas en el país. Los dentistas han aumentado 5,4 veces más que el crecimiento de la población.
RECOMENDACIÓN DE LA OMS Y LA OCDE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un dentista cada 2.000 habitantes, para el caso de la población chilena se requiere un total de 9.174 dentistas. Según esta recomendación actualmente Chile tiene una sobreoferta de profesionales de un 168,71%. Si consideramos la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de un dentista cada 1.785 habitantes, Chile para dar cobertura de salud bucal a su población requiere un total de 10.260 dentistas, en este caso la sobreoferta de dentistas del país alcanza a un 140,27%. Si promediamos las dos cifras, la sobreoferta alcanza a un 154,49%, es decir, actualmente en Chile están sobrando 14.935 dentistas, para el año 2017 tenemos una proporción de un dentista cada 743 habitantes.
Si pensamos en una situación ideal, donde el Estado hiciera las inversiones necesarias para contratar dentistas y dar cobertura en salud bucal a poco más del 80% de la población a través de la red pública, requeriría en total contratar a 7.774 colegas (aproximadamente 3.600 dentistas mas de lo que actualmente tiene), por otro lado, para dar cobertura a los beneficiarios del sector privado (menos del 20% de la población total) se requieren 1.944 dentistas, en otras palabras tenemos un sobrante de 14.935 dentistas en la actualidad.
Las titulaciones de dentistas seguirán incrementándose. Si consideramos la tasa de retención de la carrera del 82% que da el Mineduc, en los próximos años la cantidad de nuevos profesionales alcanzará a los 1.966 por año. El año 1990 había en Chile aproximadamente 8.200 dentistas (incluyendo a los colegas extranjeros), el año 2017 la cantidad de dentistas en Chile alcanza aproximadamente a 24.652 dentistas lo que representa un aumento de 200,6% en el período. El año 2016 aparecían registrados en la Superintendencia de Salud 21.108 dentistas, si consideramos que no esté registrado el 10% del total (podría ser mas) tendríamos un total de 23.219 dentistas. A la cifra anterior debemos agregar los 1.433 nuevos dentistas titulados a fines del 2016, llegando a la cifra de 24.652 dentistas en Chile.
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RECOMENDACIÓN DE LA OMS Y LA OCDE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un dentista cada 2.000 habitantes, para el caso de la población chilena se requiere un total de 9.174 dentistas. Según esta recomendación actualmente Chile tiene una sobreoferta de profesionales de un 168,71%. Si consideramos la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de un dentista cada 1.785 habitantes, Chile para dar cobertura de salud bucal a su población requiere un total de 10.260 dentistas, en este caso la sobreoferta de dentistas del país alcanza a un 140,27%. Si promediamos las dos cifras, la sobreoferta alcanza a un 154,49%, es decir, actualmente en Chile están sobrando 14.935 dentistas, para el año 2017 tenemos una proporción de un dentista cada 743 habitantes.
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